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Un DNU que le suma incertidumbre y preocupación al futuro del deporte argentino

Con el decreto 92/2019, el Gobierno oficializó las modificaciones en varias leyes que formaban parte de la estructura de la política deportiva en nuestro país y transformó la Secretaría de Deportes en una Agencia, con el objetivo de sumar recursos provenientes del sector privado. Con una “necesidad y urgencia” que no ameritaba saltearse la discusión de estos temas en el Congreso y con el autoritarismo que viene mostrando el macrismo desde su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, sin consultas ni debate, se terminó dictando un nuevo rumbo para el deporte en donde su privatización quedó mucho más cerca de lo que se podía esperar.

¿Qué funciones tendrá la Agencia?

De acuerdo a lo publicado en el boletín oficial, el decreto establece en sus artículos que la Agencia de Deporte Nacional se manejará con autarquía y autonomía en la administración de sus fondos y de sus bienes. En su primer artículo se detalla que ésta: “posee plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran en asignación y los que adquiera en el futuro por cualquier título a nombre del Estado Nacional» y que tendrá su sede en la Ciudad de Buenos Aires.

El deporte en nuestro país tuvo un salto más que importante, en los papeles, cuando en la primera configuración de Ministerios al llegar el macrismo al gobierno fue parte del Ministerio de Educación. Luego llegó la época en donde se profundizó el ajuste y volvió a tener funciones de Secretaría. Con mucho menos presupuesto, con actualizaciones de fondos que lejos estuvieron de acercarse a la inflación y con un nuevo Secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, se emprendió un camino hacia la atracción de recursos desde el sector privado. En este contexto llega este cambio de categoría. Con la Agencia se busca que se puedan realizar convenios con entes privados y, sin dar más vueltas, acercar la privatización al deporte argentino.

En el artículo vinculado a los recursos de la Agencia de Deporte Nacional se observa que que éstos provendrán de aportes por parte del Estado, partidas presupuestarias y de ingresos provenientes de 1) recaudaciones que se obtengan por las actividades que se realicen en sus instalaciones, 2) ventas, locaciones u otras formas de contratación de sus bienes muebles y servicios, 3) el producido total o parcial de la organización de concursos, actividades deportivas y otros eventos, 4) recursos obtenidos por contratos de concesión, permiso de uso, locación, derechos publicitarios y comercialización y 5) fondos provenientes de explotación de bienes muebles y servicios arancelados, contribuciones, subsidios, donaciones, cesiones de bienes muebles que reciba, entre otros. A la hora de detenerse en los terrenos hay que repasar que estos tienen 700 hectáreas de tierras fiscales repartidas entre los terrenos del CeNARD (que algunos ya se vendieron al grupo Werthein), los predios del Centro Recreativo Nacional y el Estadio Nacional de Béisbol, en Ezeiza; el CeNaDe, en Esteban Echeverría y las locaciones en torno a la Pista Nacional de Remo, en Tigre.

Hay que aclarar que la administración de estos terrenos los tiene la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) y no la Agencia de Deporte Nacional, pero en los artículos también se menciona la posibilidad de que puedan transferirse y habilitar negocios inmobiliarios, área que viene manejando y explotando a su gusto desde que son gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

Yendo a las funciones específicas de la Agencia, ésta deberá dar las orientaciones y la programación, promoción y asistencia de la actividad deportiva en el país, como así también impulsará la construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones deportivas. Además se le suman las capacitaciones de los distintos involucrados en la práctica y competencia deportiva, entre otras que se pueden leer en el decreto.

¿Sobre qué leyes actúan estas modificaciones?

Este DNU afecta, modifica y deroga leyes que fueron discutidas y aprobadas en el Congreso como la ley 20.655 (Ley del Deporte), la 24.052 (Comisión Nacional de Automovilismo y Motociclismo Deportivo), la 26.573 (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y la 27.201 (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo)

En la ley 20.655 se derogan además de modificarse varios artículos, los capítulos lll, artículos 10 y 11, capítulo IV, artículos 12 y 13, capítulo V, artículo 14, 23, 29, 30, 31, 37 y 38, capítulo Xll, artículos 47,48,49 y 50, lo que afecta al funcionamiento y a la recepción de fondos para financiar el deporte. También se deroga la 24.052 y se modifica la Ley 27201, derogando el artículo 1° y del 9° al 49°, lo que repercute en la reforma del Ente Nacional del desarrollo Deportivo, modifica asignaciones presupuestarias y le quita competencias a la Confederación Argentina del Deporte, que va perdiendo funciones como respuesta a la oposición que representa a los planes del gobierno en su objetivo de alejar la presencia del Estado de la planificación deportiva, algo que excede a la conquista de medallas en un Juego.

¿Y ahora qué?

Preocupa el futuro del deporte argentino, no sólo por este DNU sino por lo que se viene haciendo e implementando, preocupa sobre todo el futuro de deportistas que necesitan la beca para mantener su vida, escenarios deportivos para poder entrenarse de la mejor forma y competir en el exterior, lo que los y las habilita a conseguir resultados que les darán la permanencia o el acceso a esa ayuda económica, preocupa el trabajo de quienes rodean a estos deportistas y hasta de los que forman parte de la plantilla de trabajadores a cargo de esos escenarios. Pero también preocupa cómo se va a afrontar el año con un presupuesto que sufrió un fuerte recorte que pasó de 1300 millones de pesos en el 2016 a 990 para este año en donde se van a desarrollar los Juegos Panamericanos de Lima. Además el ENARD, como bien remarcó en su trabajo Ernesto Rodriguez en EPHECTO Sport, recibirá una suma de 900 millones de pesos, luego de la quita de la financiación por medio del impuesto a las telefónicas. Este monto está ajustado a un índice de gasto que aporta el Estado y que lejos quedó de los porcentajes finales de inflación.

Ver también: Diógenes de urquiza y la Ceocracia en el deporte

Preocupa el futuro de las becas a deportistas que habían conseguido su reconocimiento económico por haberse subido a un podio sudamericano y que con la nueva política que buscarán afianzar luego de los Juegos Panamericanos, sólo quienes obtengan un buen resultado en ese evento tendrán el apoyo económico necesario para sustentar su actividad deportiva.

Larreta, Macri y Werthein, quien impulsó en su momento el Ministerio de Deportes y ahora se contenta con una Agencia

Todas estas preocupaciones no llegaron de la noche a la mañana, vienen siendo parte de un ajuste que fue acentuándose en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos, con una profundización de este rumbo que llegó con la asunción de Diógenes de Urquiza al frente de la Secretaría, ahora Agencia. Amigo del presidente, con un vínculo que ya venía trabajando con el ENARD, como por ejemplo equipando con la indumentaria de su empresa a los deportistas en competencia, fue el máximo promotor de este cambio. Los deportistas antes de fin de año se reunieron con él y con autoridades del ENARD, donde expresaron su disconformidad por los rumores y declaraciones del flamante secretario de deportes, quien sostuvo en una entrevista que el Estado no puede financiarle la carrera a los deportistas y que hay que optimizar recursos. De esta reunión se llevaron promesas que parecen cada vez más lejos de cumplirse.

El 2019 tendrá al deporte argentino financiándose con un escaso presupuesto y con un aporte que vendrá desde los negocios de los mismos de siempre, con la excusa de optimizar y de destinar el presupuesto para las áreas más urgentes de nuestro país, las que aún así siguen agudizando su problemática y estado crítico y a la que nunca les llega ese aporte que representa el sacrificio del sector al cual se le ajustaron sus recursos. Las palabras usadas para justificar este cambio son las mismas de siempre, el futuro esperamos que no corra con la misma suerte, que quede lo más lejos posible la puerta de la privatización y el alejamiento del Estado, el arancelamiento que dificulten las actividades y prácticas que son fundamentales para el desarrollo del deporte y de los y las deportistas de nuestro país, que lejos quede el descuido de los terrenos que dependen del Estado que luego quiera justificar su venta por mantenimiento, como ha sucedido en reiteradas ocasiones en nuestra historia, que lejos quede la posibilidad de que avance en otras áreas el acceso de capitales privados que vengan por los deportes que generen ingresos, priorizando su atención sobre otros, incluso entrando en clubes y habilitando las sociedades anónimas que potenciarán esa desigualdad y terminarán con el rol social que cubren estas instituciones.

No hay que ser mal pensado, pero estas palabras ya se escucharon y viniendo de funcionarios que entraron al gobierno prometiendo que no iban a hacer todo lo que terminaron haciendo sólo deja una preocupación y una mayor incertidumbre por el futuro del desarrollo del deporte, de los y las deportistas, del acceso a estas prácticas y de los escenarios y espacios públicos que tienen un alcance que excede a este sector.

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